23 de Abril del 2020

PROCEDIMIENTO DE COBRO DE LAS SANCIONES GENERADAS POR LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTE EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.

Mucho se ha desarrollado sobre el tema del Registro de Beneficiarios Finales, requisito establecido por la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, sus requisitos, plazos (con múltiples prórrogas ya conocidas), sin embargo, poco se ha explicado sobre cómo opera el cobro de una eventual sanción pecuniaria, y es lo que trataremos de establecer en este artículo.

Repasemos, las sanciones establecidas en el Artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributario, adicionado por la Ley en cuestión el cual establece una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base, es decir si no hay ingresos el mínimo de la multa será de tres salarios base.

Y es acá donde queda la interrogante en la mayoría: ¿cómo va a cobrar la administración tributaria esas sumas?; primeramente, la Administración iniciará un procedimiento sancionador en el cual establecerá la multa a cancelar de acuerdo a los establecido en el Artículo 84 bis explicado anteriormente, en este caso el ciudadano puede proceder a cancelarla de acuerdo a lo que corresponda o no, de no hacerlo el procedimiento seguirá su curso.

Una vez finalizado el procedimiento sancionador se genera un crédito a favor de la Administración, que será diligenciado por Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda, quien incluso podrá requerir a la autoridad judicial competente el embargo de los bienes del Administrado como medida cautelar, la cual tendrá una vigencia hasta de dos años, prorrogable por el mismo período.

Los bienes se embargarán en el siguiente orden:


  1. a) Sumas de dinero a favor del obligado tributario adeudadas por terceros, incluidos pagos con tarjetas de crédito o débito cuyas sumas corresponde girar a las operadoras de tarjetas, en este caso hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) del dinero.

  2. b) Ingresos de los espectáculos públicos que hayan sido o no declarados previamente a la Administración Tributaria, en este caso hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) del dinero.

  3. c) Dinero efectivo o en cuentas que posea en entidades financieras.

  4. d) Sueldos, salarios; de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo.

  5. e) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

  6. f) Bienes inmuebles.

  7. g) Establecimientos mercantiles o industriales.

  8. h) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

  9. i) Mercancías que deban ser entregadas al obligado tributario por terceros.

  10. j) Frutos y rentas de toda especie.

  11. k) Otros bienes muebles y semovientes.

  12. l) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.


Es importante mencionar que, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que, no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación, sin embargo para la cancelación del crédito fiscal impago la Administración podrá retener a favor del fisco los salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones y de cualquier otra remuneración o crédito en dinero efectivo que deba percibir o de que fuera acreedor el deudor.

El proceso de ejecución judicial será el proceso monitorio regulado por la Ley N.º 8624, Ley de Cobro Judicial,  a cargo de los juzgados civiles especializados o no en el cobro de obligaciones dinerarias, del domicilio del demandado, sin importar la cuantía con las siguientes excepciones:

  1. a) No existirá el trámite de citación de partes para sentencia. Si el ejecutado no se opusiera, dentro del término correspondiente, el tribunal respectivo declarará con lugar la demanda y ordenará continuar la ejecución, por medio de resolución razonada que no requerirá las formalidades de sentencia.

  2. b) Para decretar embargos preventivos no deberá realizarse depósito alguno de garantía.

  3. c) Solo se admitirá la oposición vía incidental que se funde en la falta de exigibilidad, el pago o la prescripción.

  4. d) Los notificadores, peritos y ejecutores del proceso de ejecución judicial deberán desempeñar su cargo de forma obligatoria, sin necesidad de depósito alguno por honorarios, los cuales se girarán del producto de los bienes embargados, una vez cubiertos el crédito, los intereses y las costas y serán siempre a cargo del accionado. El juez no levantará el embargo hasta tanto no estén cubiertos dichos honorarios. Los notificadores, peritos y ejecutores que no cumplan con la obligación precedente se harán acreedores de una sanción equivalente a un salario base, cuya tramitación será de competencia del director de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda.


Por lo tanto, podemos ver cómo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la forma en que se cobrarán los créditos generados a favor de la Administración Tributaria cuando una sociedad no presenta el Registro de Beneficiarios, evitar un procedimiento complicado mediante la presentación oportuna del Registro de Beneficiarios Finales parece ser la opción más elegible.

[1] Información tomada del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.








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