HONDURAS: Resumen de Ley de Auxilio al Sector Productivo y a Los Trabajadores Ante Los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-19

(Publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 35,217 – 3 de abril del 2020)

i. Extensión de plazo y alivio en cuanto a obligaciones tributarias:

a) Prórroga hasta el 30 de junio del 2020 las obligaciones de declaración y pago (sin multas e intereses) del periodo fiscal 2019 para Pequeños y Medianos contribuyentes, de las siguientes cargas fiscales:
– Impuesto Sobre la Renta (ISR);
– Aportación Solidaria y Activo Neto;
– Contribución del Social de la Economía;
– Alquileres;
– Excedentes de Operaciones del Sector Educativo; y,
– Contribución Social del Sector Cooperativo.

En el caso de alquileres de propiedad horizontal, estos se exceptúan de esta prórroga, debiendo hacer el pago correspondiente el 30 de abril del 2020.

b) Los Pequeños y Medianos contribuyentes que realicen la declaración y pago el 30 de abril del 2020, gozarán de un descuento del 8.5% del impuesto a pagar;

c) Las 3 cuotas de Pagos a Cuenta correspondientes al año fiscal 2020, deben calcularse sobre el 75% del monto de impuestos del período fiscal 2019 (no sobre el 100%, como normalmente se calcula) y las fechas de pago se posponen de la siguiente manera:
– Primera cuota – Hasta el 30 de agosto del 2020;
– Segunda cuota – Hasta el 30 de octubre del 2020; y,
– Tercera cuota – Hasta el 31 de diciembre del 2020.

d) Prórroga hasta el 31 de julio del 2020 la presentación de la Declaración Jurada Informativa Anual sobre Precios de Transferencia.

e) Declaración como días inhábiles de los días calendario por el período de tiempo en el que transcurra la emergencia sanitaria por COVID-19.

f) Para los contribuyentes que, desde la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 hasta diciembre del 2020, conserven a todos sus empleados, respetando el pago de salarios y derechos laborales y que no hubieren realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajo, les será reconocido una deducción especial adicional de su renta bruta equivalente a un 10% calculado sobre el pago de sueldos y salarios realizado en los meses que dure el estado de emergencia decretado, misma que podrá ser contabilizada como gasto deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el periodo fiscal 2020. Este beneficio se perderá en los casos en que empleador dé por terminado o suspenda contratos de trabajo.

g) Prórroga a plazos para la presentación de las declaraciones y el pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV) correspondientes a los meses afectados a la emergencia decretada por el COVID-19, a todos los obligados tributarios que no hayan tenido operaciones dentro del mismo plazo de la emergencia indicada, mismas que deberán ser presentadas a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del estado de emergencia.

Se exceptúan de lo anterior aquellos obligados tributarios que mantengan operaciones, por lo que la obligación de declaración y pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV) se mantiene según la legislación aplicable.

ii. Autorizaciones para Implementar Mejores Prácticas de Banca de Desarrollo en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) a fin de Garantizar Financiamiento a Sectores Estratégicos de la Economía Hondureña:

Se autoriza a BANHPROVI para:
– Otorgar a las personas naturales y jurídicas, a través de la banca de primer y segundo piso, en el marco de agilizar el crédito y en apego a las normas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) pueda recibir como colateral las garantías siguientes: Fiduciaria, Mobiliaria, Prendaria, Cesión de Cartera Crediticia, Hipotecaria, Garantía Recíproca, Certificado de Fondo de Garantía, Garantías Bancarias, Fianzas, Garantías Líquidas, así como cualquier otra que se apruebe como viable por el Consejo Directivo de BANHPROVI;

– Para que, con fondos propios y de los fideicomisos que maneja en el marco de sus facultades y con el fin de flexibilizar y agilizar el financiamiento al sector MIPYME y agroalimentario se habilite el mecanismo financiero de líneas de crédito aceleradas para instituciones reguladas y no reguladas, para que los desembolsos puedan otorgarse con la simple presentación del pagaré, debiendo en lo demás formalizarse cada uno de los créditos que conforman la línea de crédito de acuerdo con los manuales y políticas de crédito vigentes en BANHPROVI; y,
– Para constituir y administrar cualquier tipo de fondos de garantías; asimismo, a que otorgue financiamiento al sector MIPYME a través de todas las instituciones financieras calificadas como elegibles, aceptando entre otras, un colateral consistente en un Certificado de Garantía emitido por cualquier entidad autorizada para administrar fondos de garantía.

iii. Aportación Solidaria para el Mantenimiento Temporal de Empleos e Ingresos para los Trabajadores durante la Vigencia de la Emergencia Nacional:

Objeto:
Esta Ley tiene por objeto que durante un proceso de suspensión de contratos de trabajo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a causa de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia COVID-19, se garantice la estabilidad laboral, así como el otorgamiento de una aportación solidaria que asegure la supervivencia de los trabajadores y que, para efectos de esta Ley, no constituye salario.

La Ley está dirigida al mantenimiento de los empleos y la sostenibilidad de las empresas con el fin de mitigar toda medida que conlleve a la terminación definitiva de contratos de trabajo y cierre de empresas durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional.

Ámbito de Aplicación:
Esta Ley es de orden público y es aplicable a las empresas del sector privado cuyos trabajadores se encuentran afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), la industria de la maquila o cualquier otro rubro que determine el Poder Ejecutivo, que se pueda beneficiar de mecanismos similares a los dispuestos en esta Ley.

Aportación Solidaria Temporal para los Trabajadores:
Los trabajadores que sean objeto de suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria nacional podrán recibir una aportación solidaria temporal, la cual podrá ser financiada de la siguiente manera:
1. Para los trabajadores que se encuentren afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), con las aportaciones que, al efecto, realice el Estado, el sector privado y el RAP; y,
2. Para los trabajadores que laboren en empresas acogidas al Régimen de Zonas Libres (maquila), con las aportaciones que, al efecto, realice el Estado y el sector privado.

En todos los casos, el monto, plazo y forma de pago será determinado por las partes que financien la aportación solidaria temporal.

Procedimiento:
Las empresas que, debido a la emergencia sanitaria nacional, se vean en la imperiosa necesidad de suspender los contratos de trabajo, deben notificar de forma electrónica a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) a través de una nota, la decisión de acogerse a la presente Ley. Dicha nota deberá contener:
1. Solicitud de los patronos para acogerse a la presente Ley, con el compromiso de realizar el aporte correspondiente a efecto de financiar la aportación solidaria temporal que se otorgue a los trabajadores, mediante Declaración Jurada. Esta solicitud deberá acreditar la afectación que impide el pago de salario a sus trabajadores. En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la decisión del patrono de acogerse a la Ley, debe notificarlo por escrito a la STSS en el proceso de suspensión correspondiente;
2. Período de probable suspensión de contratos de trabajo;
3. Listado de trabajadores objeto de la suspensión, consignando el nombre completo y número de su cédula de identidad; y,
4. Especificar si los trabajadores se encuentran afiliados al RAP o no.

Para acceder a estos beneficios, la STSS deberá extender una Constancia que habilite a la empresa a acceder a los referidos beneficios, sin menoscabo del procedimiento de suspensión de contratos de trabajo contenido en el Código de Trabajo. Quedando entendido que en ningún caso la emisión de la Constancia representa una autorización por parte de la STSS para la suspensión de los contratos de trabajo y que la extensión de dicha constancia queda a discreción de esta Secretaría de Estado.

En virtud de ello, una vez finalizada la emergencia sanitaria nacional, en cumplimiento con el art. 100 del Código de Trabajo, se debe presentar, en tiempo y forma, el escrito de Solicitud de Autorización para la Suspensión de Contratos de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo junto con los requisitos ya determinados por la STSS, debiendo, además, acreditar el pago de la aportación solidaria temporal otorgada a los trabajadores durante el periodo de la emergencia decretada por el Poder Ejecutivo.

Los días del periodo de la emergencia sanitaria nacional se consideran inhábiles para todos los efectos legales correspondiente.

El procedimiento para resolver la solicitud de autorización de suspensión de contratos de trabajo ante la STSS se desarrollará de acuerdo con la normativa aplicable.

En caso de que la Solicitud de Autorización para la Suspensión de Contratos de Trabajo sea declarada sin lugar, los trabajadores pueden ejercitar los derechos laborales que tienen por la responsabilidad que competa al patrono, debiendo pagar los salarios correspondientes a los trabajadores durante el tiempo de suspensión, así como reintegrar el monto total de las aportaciones otorgadas como contraparte por el Gobierno de la República y el RAP para el financiamiento de la aportación solidaria temporal. El mal uso o la no aplicación de la aportación solidaria temporal conllevará responsabilidad penal, civil y administrativa por parte de los patronos.

En el marco de esta Ley, los trabajadores mantendrán el beneficio de acceso a la salud a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aunque estén en suspenso las aportaciones por motivo de la suspensión de labores o el periodo de la emergencia nacional.

Autorizaciones para el RAP:
1. Suspensión temporal de la captación de las cotizaciones y aportaciones obrero-patronales – Por un periodo de 3 meses a partir de marzo del 2020; y,
2. Participar como aportante de conformidad con lo establecido en esta Ley – Otorgando un anticipo de los valores que tuvieren a su favor en la Cuenta de Capitalización Individual derivadas del Régimen del Seguro de Previsión Social y del Régimen de Seguro de Cobertura Laboral, así como de cualquier otra cuenta a nombre del afiliado, que sea administrada por el RAP, tomando en consideración el saldo de cada afiliado en su cuenta individual. Dicho anticipo se fraccionará en 3 pagos mensuales sucesivos de igual valor, hasta por un monto de L9,000.00 (nueve mil lempiras).

iv. Simplificación Administrativa en la Implementación de Mecanismos de Comercio Electrónico y la Firma Electrónica.

Toda firma electrónica creada o utilizada fuera de Honduras producirá los mismos efectos jurídicos que una firma creada o utilizada en Honduras si presenta un grado de fiabilidad equivalente. Igualmente, siempre que se presente un grado de fiabilidad en cuanto a la regularidad de los detalles y sobre su validez y vigencia, los Certificados de Firmas Electrónicas extranjeras producirán los mismos efectos jurídicos que un certificado expedido por Autoridades Certificadoras nacionales.

Tanto las firmas electrónicas como los certificados electrónicos extranjeros serán válidos, siempre que sean emitidos por una autoridad certificadora confiable y debidamente reconocida a nivel internacional que cumplan las prerrogativas del párrafo anterior. Para este efecto, podrá elaborarse una lista de entidades designadas como confiables por parte del Instituto de la Propiedad:
1. Las entidades del sector público o privado podrán designar 1 o más responsables de certificar autorizaciones que correspondan para asegurar la fluidez de sus operaciones por medios electrónicos. Estas personas tendrán el carácter de fedatarios y el nombre de estas debe ser comunicado al Instituto de la Propiedad, el cual llevará un registro sobre estos. Las entidades del Estado deberán tener por válidas las certificaciones realizadas por este medio.

2. Por medios electrónicos podrán celebrarse todo tipo de actos, contratos y cualquier otro tipo de negocios jurídicos, siempre que sea posible mostrar de manera fehaciente la voluntad de las partes de llevar a cabo el negocio jurídico por ese medio. El consentimiento de las partes se prueba por intercambio de correos electrónicos, videos, grabaciones de voz, mensajes de texto, aceptación electrónica de contratos estandarizados o mediante el envío de un autorretrato electrónico sosteniendo el documento de identidad en forma visible junto al rostro del firmante tomado a través de la aplicación correspondiente previo al envío de la solicitud o formulario respectivo.

3. Se autoriza a todas las personas jurídicas de derecho privado e instituciones del Estado que deban celebrar reuniones de sus órganos de gobierno y supervisión a que lo hagan por medios electrónicos. Esto incluye al Pleno del Congreso Nacional y su Junta Directiva, el Consejo de Secretarios de Estado, los gabinetes sectoriales, corporaciones municipales, la Corte Suprema de Justicia, cortes de apelaciones, juzgados y tribunales de la República y cualquier ente u órgano que forme parte de la administración pública; las asambleas de sociedad mercantiles, cooperativas, sindicatos y otras personas jurídicas sin fines de lucro, así como los demás órganos de decisión de estas entidades que periódicamente deban reunirse para la toma de decisiones administrativas.

Para que las decisiones adoptadas se consideren válidas debe haber respaldo electrónico y actas firmadas por el secretario de estos órganos, quienes tendrán el carácter de fedatarios.

En el caso de las sociedades mercantiles, las convocatorias de reuniones de Asamblea de Accionistas y de Consejo de Administración pueden realizase mediante correo electrónico o mensaje de texto enviado por el Secretario o el Comisario; en el caso de las cooperativas asociaciones civiles u otros entes, se hará por parte de la persona a la que le corresponda, según los estatutos. Para hacer uso de este beneficio no se requerirá que este forme parte de los estatutos de las organizaciones.

4. Se autoriza el pago de impuestos, tasas y contribuciones por cualquier medio de pago, incluyendo tarjetas de crédito, tarjetas de débito, monederos electrónicos, transferencias electrónicas y otros similares. Cuando el medio de pago cause el cobro de alguna comisión, es lícito para la entidad del Estado adicional el monto de esta al cobro, con el fin de no afectar la recaudación.

5. Todas las entidades gubernamentales en cumplimiento de los dispuesto en los artículos 61, 87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo, deben realizar todas las notificaciones de actos administrativo, incluyendo autos y resoluciones mediante el uso de correo electrónico. Para dar cumplimiento a esto, los secretarios o quienes ejerzan dicha función, deberán requerir a los solicitantes y sus apoderados legales las direcciones de correo electrónico a las cuales deban realizarse las notificaciones correspondientes en el plazo de 1 semana a partir de la entrada en vigor de esta Ley. La notificación electrónica surte los mismos efectos que la notificación personal y deberá hacerse tanto al apoderado legal como al beneficiario del trámite dentro de los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, las empresas para entrega a domicilio o de ventas en línea que se creen en el país no requerirán tramitar permiso alguno para operar. La gestión del Registro Tributario Nacional (RTN) se hará en forma electrónica, incluyendo su entrega, la cual se debe hacer por medio de correo electrónico a solicitud de los interesados.

v. Medidas para la Celebración de Negocios Comerciales mediante Mecanismo Virtual durante la Etapa de Aislamiento.

Mientras se aprueben las leyes o reformas legales que procedan, queda autorizado y gozan de validez y eficacia jurídica, todos los contratos privados que se celebren por medios técnicos de archivo y reproducción que permitan archivar, conocer o reproducir el contenido de una declaración de voluntad de una persona o varias o la expresión de una idea o pensamiento que sea suscrito mediante firma electrónica, o que permitan el conocimiento o experiencia, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra índole.

También serán válidos y eficaces los actos jurídicos que requieren asistencia de 2 o más personas naturales o jurídicas por medio de su representante, que se realicen mediante la reproducción de sonidos e imágenes captados por instrumentos de filmación, grabación u toras semejantes. La prueba de tales actos y contratos se sujetará a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil.

Autor:


FRANCISCO ALEJANDRO PAVóN BUSTILLO

Cargo: asociado

Teléfono: (504) 2231-0323

Email: fpavon@latamlex.com