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Aprueban nueva Ley de Compras Públicas

Derecho Administrativo

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 66 votos, la Ley de Compras Públicas, (LCP) creando con ella un nuevo marco que regula las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración Pública y derogando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pública (LACAP) que estuvo vigente en el país desde el año 2000.

La nueva LCP busca entre otros aspectos, reducir la burocracia en los procesos de compras y adquisiciones hechas por el Estado e introduce el uso de tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, así como herramientas que permitirán establecer medidas de control y auditoría.

La reciente normativa, que consta de 193 artículos, regula todas las actividades realizadas por la Administración Pública para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, durante la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y finalización.

La ley establece la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que fungirá como ente rector en cuanto a normativas. Esta institución se encargará de supervisar, acreditar y certificar los procesos de todas las instituciones.

También se creará un Sistema Nacional de Compras Públicas (SINAC) y las Unidades de Compras Institucionales (UCP) con las que llevará un monitoreo y seguimiento de todas las contrataciones públicas.

Se crea además el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) en el que deberán inscribirse todas las personas naturales y jurídicas que desean participar en todos los procesos de compras, a excepción de compras por emergencias, urgencia o baja cuantía, detalladas en la Ley. 

Una de las novedades que contiene la Ley es que se exige a cada proveedor ingresar en el RUPES los datos del beneficiario final al momento de registrarse. 

Por último, en cuanto a los medios de impugnación, la laye establece el recurso de revisión y el de apelación. Además, se crea un Tribunal de Contratación Pública que conocerá de los recursos de apelación que se presenten.  

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