La Necesidad de Adoptar Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos ante la Creciente Mora Judicial
Con ocasión de las vacaciones anuales de los operadores de justicia en Guatemala, recordamos con preocupación una problemática creciente en nuestro país: la mora judicial. Según el World Justice Project (2025) Guatemala ocupa el puesto 136 de 143 países en el índice de justicia civil. La estadística es consecuencia de una realidad evidente: los procesos judiciales en el país suelen extenderse por años, generando frustración entre los ciudadanos, congestión en el tráfico comercial, pérdidas económicas importantes y debilitando la confianza en el sistema de justicia. Esta lentitud en el diligenciamiento de los expedientes judiciales afecta no solo a las partes involucradas, sino también a la economía y al desarrollo institucional, ya que retrasa la resolución de controversias que impactan directamente en la inversión, la estabilidad social y el acceso efectivo a la justicia.
Entre las causas más evidentes de esta mora judicial se encuentra la sobrecarga de trabajo en los tribunales. Los jueces y magistrados enfrentan una cantidad excesiva de expedientes que resulta humanamente imposible atender con la diligencia y celeridad necesaria. A ello se suman limitaciones presupuestarias, falta de modernización tecnológica y procedimientos procesales excesivamente formales que dificultan la eficiencia. Esta combinación de factores ha generado un “cuello de botella” que afecta tanto los procesos civiles, mercantiles, penales, laborales y administrativos, creando un sistema que avanza con lentitud y que no responde a las necesidades de una sociedad dinámica.
Las consecuencias son palpables. Litigios que podrían resolverse en pocos meses se prolongan durante años, generando costos económicos y emocionales para las partes. Esta demora también fomenta la desconfianza hacia el sistema judicial y motiva a muchos ciudadanos a evitar recurrir a los tribunales, buscando soluciones informales o incluso renunciando a hacer valer sus derechos. En última instancia, la mora judicial no solo refleja una crisis de gestión, sino una crisis de credibilidad que afecta la percepción del Estado de Derecho en Guatemala. (World Justice Project, 2025)
Ante este panorama, resulta urgente promover métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos mecanismos ofrecen una vía más rápida y flexible para resolver disputas, al tiempo que alivian la carga de los tribunales. La mediación, por ejemplo, fomenta el diálogo y el entendimiento entre las partes, permitiendo soluciones eficientes, especializadas y particularmente construidas de manera conjunta. El arbitraje, por su parte, brinda una resolución definitiva y técnica, especialmente útil en materia comercial y contractual, donde la celeridad y la especialización resultan esenciales.
Implementar y fortalecer estos métodos requiere que los ciudadanos y, particularmente los profesionales del derecho, confíen en ellos y los consideren una alternativa legítima al litigio tradicional. Además, el Estado debe promover políticas públicas que incentiven su uso, capacitar a operadores especializados y establecer marcos normativos que garanticen transparencia y equidad. Solo así se podrá reducir la carga judicial y avanzar hacia un sistema más ágil y accesible.
En conclusión, la llamada “mora judicial” es un síntoma de un sistema que requiere reformas profundas. No obstante, ante la ausencia de dichas reformas, resulta indispensable la adopción de métodos alternativos de resolución de conflictos. Esto no debe verse como una solución secundaria, sino como una estrategia complementaria e indispensable para fortalecer la justicia en Guatemala. Como profesionales del Derecho, debemos ofrecer a los clientes soluciones eficientes, especializadas y adaptadas a sus necesidades particulares.
Aldo Alexander Lemus Paredes
LL.M. Abogacía Internacional
Abogado y Notario