Esbozo sobre la Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas de Latinoamérica
Esbozo sobre la Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas de Latinoamérica
Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública (CIIAAP)
Msc. Prisca Porras — Abril 2026.
I. Introducción
El Derecho como fenómeno social es cambiante y viene precedido por las situaciones o circunstancias sociales que requieren ser reguladas para establecer los límites de las conductas humanas en un tema específico. Se necesita definir formalmente derechos y obligaciones que las partes en una relación deben cumplir para garantizar equilibrios razonables que los protejan y les brinden seguridad dentro del marco de la ética y los valores predominantes. La aparición de eventuales diferencias y conflictos obligan a contar con parámetros claros que garanticen la satisfacción del interés común y del bienestar social, lo cual es responsabilidad de los Estados hacer posible.
En el uso de la Inteligencia Artificial (IA), no es un secreto que el Derecho está muy retrasado en su proceso evolutivo respecto al ritmo del desarrollo de la misma; hay múltiples situaciones que urgen ser reguladas y que atraviesan todos los ámbitos de la vida pública y privada. En un informe de Naciones Unidas denominado «La Gran Divergencia» se hace énfasis en que el manejo inadecuado de la inteligencia artificial amenaza con ampliar las brechas económicas, de capacidades y de gobernanza entre países, revirtiendo décadas de progreso en la reducción de desigualdades. Y que la inteligencia artificial (IA), si no se gestiona adecuadamente, podría aumentar la desigualdad entre países al ampliar las brechas en el rendimiento económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, ya que el punto de partida es enormemente desigual.
En ese escenario América Latina se encuentra entre las regiones más vulnerables a este tipo de consecuencias prácticas derivadas de la IA, lo cual incluye su uso en la Administración Pública. No obstante, esto es ya uno de los temas de interés para las administraciones públicas latinoamericanas que en concordancia con los debates que están teniendo lugar en el contexto internacional (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco]), han avanzado en la conceptualización general de objetivos y principios. Este es un camino que se está iniciando y que involucra entender las oportunidades y desafíos que suponen para el sector público de la región.
II. La Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública (CIIAAP)
En la práctica hay mucha limitación de conocimientos, información y perspectivas de parte de quienes toman las decisiones en cada país en relación a estos temas y por ello los procesos evolutivos de las regulaciones no prometen ser acelerados. No obstante, el desarrollo de la regulación de la IA en Latinoamérica cuenta ya con un referente fundamental, un acuerdo marco denominado «Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública (CIIAAP)» del CLAD. La última versión de la CIIAAP se aprobó en la reunión del Consejo Directivo del CLAD, celebrada en Varadero, Cuba, el 20 de noviembre de 2023. Este documento se adoptó como una oportunidad para todas las administraciones públicas de la región latinoamericana (y países de la península ibérica: Andorra, España y Portugal) para compartir un marco de desarrollo de la IA desde las administraciones públicas. En este sentido, hoy en día, es el documento de referencia en la región, donde se recogen aspectos clave para su desarrollo.
La CIIAAP fundamenta su existencia y su contenido en los análisis de varias entidades internacionales, tales como la Organización Mundial de las Telecomunicaciones (OMT), bajo el paraguas de Naciones Unidas, que sostiene que la Inteligencia Artificial es un tipo de tecnología esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo, como consecuencia de la disponibilidad sin precedentes de datos sobre ámbitos de actividad humana como salud, educación, seguridad, comunicaciones, economía, migraciones, etc. Esta organización plantea como lema «Una Inteligencia Artificial para el Bien», como condición necesaria para lograr los ODS. Por su parte, y como muestra de la diversidad de impactos de la Inteligencia Artificial, los países miembros de la UNESCO también han adoptado unas Recomendaciones Éticas (23 de noviembre de 2021). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha indicado diferentes principios que se deben tener en cuenta en relación con la implantación de la Inteligencia Artificial. Entre ellos, se incluyen cuestiones como la necesidad de un crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible, valores y justicia centrados en las personas, transparencia y explicabilidad, rendición de cuentas, etc. (OCDE, 2019). Y se ha considerado también la recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial (2022) que pone de manifiesto la necesidad de promover políticas nacionales y cooperación para generar confianza en la Inteligencia Artificial, algo que tiene una especial relevancia en contextos menos desarrollados económicamente.
La Carta pretende dar un paso adicional ofreciendo una orientación aplicada para que los gobiernos y administraciones públicas de los Estados miembros puedan consolidar sus propias estrategias y políticas de Inteligencia Artificial. Pretende identificar las dimensiones clave para la adopción y uso de la Inteligencia Artificial desde y en gobiernos y administraciones públicas iberoamericanos. Lo cual significa que su potencial en relación con el Sector Público se focaliza en dos planos:
a) Inteligencia Artificial en la Administración Pública, que incluye todas aquellas acciones promovidas por gobiernos y administraciones públicas, a través de instrumentos normativos, de financiamiento, de capacitación, de conocimiento y otros, que tienen como objeto de aplicación y uso a las propias entidades gubernamentales y agencias públicas, incluyendo su propio personal y estructuras organizativas.
b) Inteligencia Artificial desde la Administración Pública, que incluye todas aquellas acciones promovidas por gobiernos y administraciones públicas, a través de instrumentos normativos, de financiamiento, de capacitación, de conocimiento y otros, que tienen como objeto de aplicación y uso a actores diferentes en otros sectores de la sociedad, la economía, la cultura, etc.
La Carta asume la existencia de diferentes niveles de desarrollo o madurez de la Inteligencia Artificial en las organizaciones. Diferencia los estados evolutivos así:
– La Inteligencia Artificial Internet es el primer nivel evolutivo, acelerado a partir de las plataformas o redes sociales digitales a finales de la primera década del milenio, que está presente desde el origen de las primeras empresas y organizaciones basadas en Internet.
– La Inteligencia Artificial Negocio implica un segundo nivel evolutivo. Los sistemas basados en Inteligencia Artificial bucean en bases de datos que las organizaciones han ido acumulando a lo largo de los años sobre las personas que interactúan con ellas, con el fin de generar patrones para predecir tendencias, por ejemplo, en el consumo de ciertos bienes, o de comportamiento en torno al uso de determinados servicios como salud, educación, seguridad, etc., o bien para generar nuevos textos, imágenes o vídeos.
– La Inteligencia Artificial Percepción supone un salto en el nivel evolutivo, cuya implantación en el momento de elaborarse esta Carta es todavía muy incipiente. Aquí, la Inteligencia Artificial se extiende gracias a la profundización en nuestro entorno social, a través de la digitalización creciente del entorno físico, mediante la presencia e interacción con sensores, dispositivos inteligentes y neuro-tecnologías, incluyendo una capacidad de procesamiento en aumento (que será todavía mayor en el futuro con la computación cuántica), permitiendo un crecimiento exponencial de la percepción del mundo y de la actividad de los seres humanos. En este nivel de desarrollo la separación entre el mundo físico y digital se diluye progresivamente.
La intención de la Carta es promover las siguientes oportunidades de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública:
a) Mejorar los procesos administrativos y servicios públicos basados en Inteligencia Artificial, para que estén centrados en las necesidades de las personas y resulten en una mayor flexibilidad, eficiencia y equidad.
b) Perfeccionar los procesos de toma de decisiones, de manera que se fundamenten en datos y evidencia, aumentando la precisión, la rapidez, el volumen, la variedad y el valor público.
c) Promover la cooperación interadministrativa e intergubernamental, de cara a lograr una mayor interoperabilidad de datos e información, así como una visión más holística de la acción pública.
d) Desarrollar la transparencia y el combate más eficaz contra la corrupción mediante sistemas de Inteligencia Artificial, de cara a mejorar la rendición de cuentas pública, privada y de la ciudadanía en general, y lograr un mejor gobierno.
e) Profundizar en las dinámicas participativas basadas en algoritmos éticos para lograr políticas públicas más inclusivas, sumando a una mayor cantidad de personas y grupos sociales en los asuntos públicos.
f) Avanzar en la colaboración con la ciudadanía para resolver problemas públicos complejos, haciendo converger las inteligencias institucional, colectiva y artificial.
g) Lograr una mayor confianza y legitimidad en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía, mediante la acción conjunta del mayor número posible de ámbitos de mejora.
h) Reforzar los sistemas democráticos mediante un uso responsable de los algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial, a través de una orientación hacia el bien común.
Y se establece un conjunto de Principios que constituyen una base esperanzadora de los objetivos planteados porque plantean la necesidad de garantizar los derechos humanos como fundamento para una IA robusta, confiable, centrada en las personas y orientada a la innovación y el desarrollo económico. Tales como: el Principio de rendición de cuentas, responsabilidad y auditabilidad, atendiendo a la puesta en marcha de organismos supervisores para garantizar la calidad del diseño e impacto de los algoritmos. El principio de equidad, inclusividad y no discriminación, que representa la opción por el diseño universal de sistemas algorítmicos públicos, así como la garantía de oposición a decisiones adoptadas por estos sistemas. Principios de centralidad de las personas, valor público y responsabilidad social, que atiende al deseo de no dejar nadie detrás por razón del uso de la IA. Principio de sostenibilidad y protección ambiental, que incluye la necesidad de alinear la y los ODS, considerando la necesidad de incluir como objetivo el bien común en nuestras sociedades, así como el respeto a todas las formas de vida del planeta, conteniendo aquí el uso de algoritmos verdes y tecnologías sostenibles ambientalmente.
La Carta pretende que las estrategias nacionales de Inteligencia Artificial desde la Administración Pública se centren en promover varios aspectos claves con visión de país, estableciéndose en su contenido los lineamientos generales sobre el alcance económico, social, político, cultural, administrativo, etc. de la Inteligencia Artificial, que deberían considerarse, entre ellos:
a) Los valores democráticos que están en juego como consecuencia de la generalización de los sistemas algorítmicos y las implicaciones que tendrán para las instituciones democráticas en el futuro;
b) Las opciones éticas y modelo de gobernanza de datos que se persigue con la estrategia;
c) El impacto esperado de la gobernanza mediada por algoritmos en diferentes sectores sociales, el ecosistema natural del país o los derechos humanos;
d) Los sectores económicos que se desea promover a través del despliegue de la Inteligencia Artificial, con especial atención a los servicios universales de interés general (energía, telecomunicaciones, agua, infraestructuras de transporte y movilidad, servicios financieros básicos, etc.).
III. Valoración sobre la integración de la IA en Latinoamérica y sus Retos
El último informe de OCDE evalúa que se está empezando a integrar IA en funciones públicas en el uso en servicios públicos y gestión administrativa pero que hay aplicaciones aún limitadas en la formulación de políticas públicas y que hay problemas claves porque no hay adopción sistémica y uniforme entre los países, no hay coordinación institucional al respecto y hay una escasa evaluación del impacto.
La OCDE identifica déficits estructurales que afectan la regulación efectiva:
a) Brechas normativas. Ausencia de leyes específicas de IA en muchos países con dependencia de normas de protección de datos como marco indirecto que se está aplicando.
b) Brechas institucionales: Falta de autoridades especializadas en IA. Baja capacidad técnica en el sector público.
c) Brechas tecnológicas: Infraestructura digital insuficiente. Baja adopción empresarial (ej. solo menos del 7% en São Paulo).
d) Brechas de talento. Escasez de profesionales en IA con débil formación especializada.
Según el informe del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, nueve países cuentan con estrategias nacionales de IA, pero solo unos pocos han asignado presupuesto, definido planes de implementación o establecidos indicadores de impacto. Sin mecanismos de ejecución, estas estrategias corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones. Al mismo tiempo, mientras a nivel global avanza la apertura e interoperabilidad de datos, la región mantiene un ritmo lento, centrado en debates normativos y éticos. El verdadero desafío es equilibrar la regulación con políticas orientadas al desarrollo y a la implementación efectiva de la IA, de modo que esta tecnología genere valor sin frenar la innovación.
En materia de Gobernanza respecto a la IA conviven dos realidades: países con estrategias consolidadas (Brasil, Chile, Uruguay) y otros sin hoja de ruta definida. La mayoría de las estrategias nacionales carece de mecanismos efectivos de implementación. La región participa poco en organismos de estandarización internacionales, limitando su influencia en las reglas globales. En ciberseguridad y protección de datos hay avances legales, pero sin capacidades técnicas suficientes. La sustentabilidad sigue ausente como principio rector de las políticas de IA, pese a su creciente impacto ambiental.
Como se puede observar los retos son muchos para cada País de la región y las expectativas para que este proceso cumpla sus objetivos implica además del desarrollo del marco normativo integral, la formación de competencias en programas de educación para funcionarios y ciudadanía, la inversión en infraestructura y sobre todo voluntad política.
Referencias / Notas al pie:
– https://www.undp.org/asia-pacific/publications/next-great-divergence
– Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD): https://clad.org/
– https://web-api-backend.clad.org/uploads/carta-iberoamericana-de-innovacion-10-2020.pdf
– Criado, J. I. (2024). Inteligencia artificial en el sector público latinoamericano: Estudio comparado a partir de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (88), 116-143. https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n88.a387
– https://indicelatam.cl/wp-content/uploads/2025/10/Docuemnto-ILIA_WEB.pdf
– https://prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/2025-02/carta_ibero_ia_-_prosic_2024.pdf